Linda Loaiza exige que su caso se lleve a la CorteIDH

La venezolana que sufrió salvajes abusos sexuales durante cuatro meses en 2001, aún exige justicia

EFE | ÚN.- Linda Loaiza, una joven venezolana que sufrió salvajes abusos sexuales durante cuatro meses en 2001, exigió hoy justicia después de 13 años de infructuosa batalla judicial en Venezuela y pidió a la CIDH que traslade su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza aseguró que su caso permanece en la "impunidad" porque su agresor Luis Carrera Almoina, hijo de un importante rector universitario, no fue condenado por el delito de violencia sexual. La joven, que habló en nombre de las "miles de mujeres venezolanas que sufren violencia sexual", exigió que se eleve su caso a la CorteIDH para que se dirima cuál es la responsabilidad del Estado en el largo proceso judicial, que le produjo más daños, y se dicten medidas para evitar la repetición de estos abusos. Aunque Venezuela abandonó la Convención Americana de Derechos Humanos, si la CIDH decide enviar el caso a la Corte, este órgano judicial se declararía competente porque los hechos denunciados se produjeron antes de que el Estado denunciara la Convención, en 2012, explicó el comisionado Felipe González. "La violencia sexual causa un daño irreparable, es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias", destacó la joven, que en la mesa central de la audiencia profundizó frente a los comisionados en los detalles de las agresiones que sufrió. Explicó que su agresor, durante cuatro meses, cuando ella tenía 18 años, la torturó, golpeó, violó, trató de ahogarla e incluso la amenazó con un arma de fuego, mientras la mantenía privada de libertad en un hotel y un apartamento. Informes médicos de entonces señalaron que la joven sufrió, entre otras lesiones, fractura maxilar, destrozos de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarro vaginal y quemaduras causadas por cigarrillos en casi todo el cuerpo. "Cada vez que me golpeaba, me decía que él tenía mucha familia en el poder y que nunca iba a estar preso", explicó la joven, que en julio de 2011 fue rescatada por la policía de Caracas del apartamento del agresor. En su declaración, visiblemente acongojada, aseguró que "más allá de la crueldad, las violaciones y las torturas de este ciudadano", ella fue sometida posteriormente a un largo proceso judicial, que en vez de reparar sus derechos, le causó más daños. En 2004, Loaiza López hizo huelga de hambre frente al Tribunal Supremo del país para pedir que su caso no prescribiera después de que 59 jueces rechazaran hacerse cargo de la investigación. Carrera Almoina fue absuelto de todos los cargos en un primer juicio y en un segundo fue condenado a seis años de prisión por lesiones graves y privación de libertad, mientras que fueron rechazados los cargos de violencia sexual, torturas y homicidio frustrado que reclamaba la defensa. Según la directora de la organización humanitaria COFAVIC, Viviana Ortega, este caso es simbólico no solo por ser el primero de violencia sexual de Venezuela considerado por el sistema iberoamericano de derechos humanos, sino porque su situación "trasciende" a otros casos de violencia contra la mujer en el país. El último informe anual del ministerio público venezolano del 2011, citado por Ortega, recoge 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, de las que 482 se llevaron a juicio, es decir, solo el 0,7 % de los abusos tuvieron consecuencias legales. Los encargados de responder a las denuncias fueron los representante del Gobierno venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón y María Alejandra Díaz Marín, que realizaron sus alegaciones tras un cartel con la bandera venezolana en el que podía leerse el lema "Venezuela se respeta". La representante de Venezuela tachó de "abominable" el caso, reconoció que "faltó más por hacer" y dijo que personalmente le hubiera gustado que la Justicia hubiera valorado la acusación de tortura, pero que no había suficientes pruebas. "Asegurar que el Estado Venezolano no ha protegido a la joven en su legítimo reclamo a la Justicia, eso es poco menos que exageración o ingenuidad", destacó Díaz Marín, que en su intervención citó decenas de diligencias policiales y recursos judiciales.