Aunque advirtieron avances sustanciales, el gobierno colombiano y las Farc terminaron sin un acuerdo este domingo el ciclo 22 de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, relacionado con el tema del narcotráfico, aparentemente por el cúmulo de exigencias –100 propuestas mínimas –que planteó el grupo guerrillero. Las conversaciones se reanudarán el próximo viernes 4 de abril.
Las conversaciones en este periodo se centraron en el subpunto de los cultivos ilícitos, sobre el cual los cabecillas del grupo guerrillero plantearon la sustitución de los usos de las plantaciones de hoja de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo, así como la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas.
En el habitual comunicado conjunto, las delegaciones del Gobierno y las Farc, no explican los avances sustanciales logrados.
Solo señalan: “A lo largo de este ciclo de conversaciones hemos avanzado sustancialmente en la construcción de acuerdos sobre diferentes aspectos contenidos en el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”, tercero en discusión”.
Agrega el comunicado que “en el próximo ciclo continuaremos elaborando acuerdos sobre estos asuntos para concluir, prontamente, las discusiones de todos los temas incluidos en dicho punto”.
Igualmente detallan que se reunieron con los representantes de los Gobiernos de Chile y Venezuela, países acompañantes, para informarlos sobre el avance de las conversaciones.
Luego señalan: “Invitamos de nuevo a todos los colombianos y organizaciones sociales a participar con sus propuestas sobre la agenda de los diálogos, a través de la Página Web http://ift.tt/1psYodW o los formatos físicos que están siendo repartidos en gobernaciones y alcaldías de todo el país”.
Finalmente afirman: “Reiteramos nuestro agradecimiento a los países y pueblos de Cuba y Noruega, países garantes, y de Chile y Venezuela, países acompañantes, por su permanente apoyo. Un nuevo ciclo de conversaciones se inicia el próximo 4 de abril”.
En un documento que divulgaron la víspera, los negociadores de las Farc advirtieron precisamente sobre la posición fijada por la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, realizada días atrás en Colombia y destacaron que ésta trazó caminos de entendimiento en temas como la tenencia y uso de la tierra, los territorios colectivos, el ordenamiento territorial, la explotación minero-energética y agregaron sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
Subrayan que “en la visión de los campesinos y comunidades rurales, no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas que envenenan los campos lo que resolverá el problema” y señalaron que por ello pidieron una “redefinición de los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado”.
Al efecto, pidieron al gobierno nacional, en primera instancia, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
Además, un programa de sustitución participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita generar no solo fuentes alternativas a los cultivos de uso ilícito, sino a la existencia plena de las comunidades, brindando bienestar y buen vivir.
Según las Farc, ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la Reforma Rural Integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, etc., dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, brindándole protagonismo y capacidad de decisión.
También advierten que “una nueva política antidrogas, si algo debe erradicar son las aspersiones que tanto daño le han hecho al medio ambiente y la represión que atenta contra la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas”.
“Una política fuera de los fracasos del prohibicionismo y el carácter punitivo, debe liberar a quienes han sido judicializados sin tomar en cuenta que se trata de víctimas de quienes desde las altas cumbres del poder económico, se lucran de un flagelo mundial”, puntualizan.
Subraya que “un Plan concertado debe librar de la aplicación de la extinción de dominio a los predios de campesinos y gente humilde de áreas rurales, que por diversas circunstancias se han visto obligados a cultivar marihuana, coca y amapola. Y alguna alternativa al destierro deberá buscarse para las miles de familias que también, por necesidad y porque la tierra ha sido tomada por los grandes latifundistas, han tenido que ubicarse en Parques Naturales o zonas de reserva ambiental”.
En todo caso –continúan diciendo–, una política de sustitución debe tener gradualidad, debe estar respaldada con inversión social en la ejecución de planes que cuenten con el acuerdo y la decisión de las comunidades, lo cual implica el rechazo a procesos de sustitución basados en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
Igualmente precisan que los cultivos y otros proyectos productivos sustitutos que fortalezcan la economía campesina, comunitaria y solidaria deberán tener garantía de mercadeo y seguros a largo, mediano y corto plazo, que garanticen estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles, para lo cual es fundamental garantizar el acceso a la tierra, su formalización, la mejora de infraestructura, y el acceso a asistencia técnica y a tecnología.
Ademas puntualizan que un Programa o Plan intergal de sustitución no debe pasar por alto el respeto y fortalecimiento de los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias, y cada proceso de uno u otro tipo deberá tener la impronta del manejo, fundamentalmente comunitario, y al lado de la atención de los problemas del campo en las dimensiones de la reforma Rural Integral, deberá atenderse el problema del consumo como asunto de salud pública que considere también a los adictos como víctimas y no como delincuentes, apuntando, sí, a atacar de manera soberana, el eslabón más fuerte, que está en el campo de los comercializadores: es decir, de los narcotraficantes”.
Según el escrito de las Farc este es el tema que en la actualidad debate la Mesa de La Habana, y sin duda son las iniciativas de las comunidades rurales las que nos dan la clave para superar la fracasada y arbitraria guerra contra las drogas, que tanta contaminación, muerte y desesperanza trae a los pobres del campo, mientras se llenan los bolsillos de los narcotraficantes, que orondos se pavonean, posando de banqueros, políticos o prestigiosos empresarios, en el mundo de la falsa legalidad”.
Radio Santa Fe
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