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El Defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, aseguró que la resolución 8610 es clara cuando determina en su artículo 15.9 que “No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas”.
Saab respondió de esta manera a las críticas que surgieron tras la aprobación de tal resolución. Resaltó que a misma es “muy clara” sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y establece la que finalidad de la actuación del funcionario es “proteger los derechos humanos y garantías en manifestaciones”.
Asimismo, indicó que la resolución 8610 describe en su artículo 23 los criterios para graduar el uso de la fuerza física, como lo son la proporcionalidad, la progresividad y la minimización y es tajante cuando “define la actuación del funcionario ante una situación de “riesgo mortal”, que amenace su vida o la de terceros.
El apartado número 3 del artículo 15 de la Resolución refiere que los funcionarios deberán extremar las precauciones para el uso de agentes químicos es forma estrictamente localizada (…) en inmediaciones de edificaciones que congreguen mayor riesgo de sufrir consecuencias como geriátricos, hospitales, escuelas, colegios y liceos (…) y se abstendrán de propulsarlos directamente contra las personas.
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